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 ANATOMÍA DE UN EXPOLIO CON FINES REPRESIVOS
El 90% de los documentos que Franco requisó en Catalunya fue reducido a pasta de papel
La Vanguardia
JOSEP MARIA SÒRIA - 08/06/2003
Barcelona
De los documentos que las tropas franquistas requisaron en Catalunya sólo se conservan en el impropiamente llamado Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca un diez por ciento, según publica el historiador y abogado Josep Cruanyes i Tor en el libro “Els papers de Salamanca. L'expoliació del patrimoni documental de Catalunya (1938-1939)”, que aparecerá esta semana publicado por Edicions 62.
Según el cálculo de Cruanyes, de las aproximadamente 160 toneladas de documentos, sólo unas 16 están archivadas. El resto, en su mayoría, fue destinado a fabricar pasta de papel. Y en una pequeñísima parte fue a otros archivos, como el Histórico Militar, o devuelto a unos pocos particulares “afectos al régimen”, con excepción de los del embajador de la República, Fernando de los Ríos, que fueron retornados en 1974 a sus herederos (ver despiece). Para Cruanyes, “esta destrucción es un acto criminal contra el patrimonio documental y bibliográfico de Catalunya”.
En esta destrucción no se contemplan los actos de vandalismo falangista, como el del Ateneu Enciclopèdic Popular (Carme, 30), el 27 de marzo de 1939. Tal como testimonió Albert Pérez Baró, seis mil volúmenes fueron destruidos tras ser lanzados por las ventanas. En total, está registrado que en Barcelona se destruyeron unas 72 toneladas de libros, procedentes de librerías, editoriales y bibliotecas (como la de Can Mainadé, de Esplugues de Llobregat), por contener “ideas rojas y disolventes”.
El libro de Cruanyes es un detenido paseo por la operación de expolio de documentos dirigida desde la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos (DERD), integrante de las columnas de ocupación, organizada con el fin de generar un gran archivo de datos que sirviera de base para depurar y reprimir a las personas hostiles o desafectas al régimen. El alma de toda esta operación fue un ferviente carlista, Marcelino de Ulibarri y Eguiraz, amigo de Serrano Súñer, que puso en marcha un gigantesco y eficaz aparato de requisa en todos aquellos territorios en los que fracasó la sublevación. Junto a la DERD, el propio Ulibarri dirigía la sección de servicios especiales (SE) dedicada en exclusiva a la masonería.
La estrella de la operación fue Catalunya, y sobre todo Barcelona. Partiendo de la experiencia de la caída de Bilbao, en junio de 1937, Ulibarri preparó, con algunos catalanes franquistas, la toma de Barcelona de forma meticulosa. Con tiempo, se localizaron los edificios y locales que había que precintar, para proceder a la requisa de los documentos, y luego a su clasificación para dotar a las fuerzas represivas y a los jueces de los consejos de guerra de los documentos necesarios para la “limpieza de indeseables”. Se dividió la ciudad en diez secciones y se programaron los registros entre urgentes y ordinarios. Cruanyes rescata un informe de Ulibarri en el que precisa que “Barcelona engendró centros y más centros donde conspirar España en su orden interior y exterior”, siguiendo la doctrina del siglo XIX, que justificaba una “acción purificadora”.
Una vez caída Barcelona, el 26 de enero de 1939, la oficina central de la DERD se ubicó en la antigua sede del Consejo de Estado, en una torre de la calle Muntaner, 264. Otras sedes utilizadas fueron las de Diputació, 275; Llúria, 153; el edificio del Parlament (como garaje y almacén); plaza Tetuan, 30; Pi, 3; Mallorca, 422; Trafalgar, 14 y Provença, 209. En total, en los seis meses de funcionamiento en Barcelona, la DERD contó con 14 sedes, así como pisos para alojar al personal. La comida se la preparaban y servían las monjas de Jesús y María de la calle Casp.
La plantilla de la DERD en Barcelona fue de 81 personas, con seis equipos de registro, conductores, personal de clasificación, entre los que se contaban algunos seminaristas, y personal de almacenaje. Tres catalanes tuvieron un papel fundamental: Antonio Palau, que sería el jefe de la delegación de Barcelona cuando Ulibarri cayó enfermo; Joan Fuentes Bertrán y Juan Queralt Oliva.
El primer registro se realizó dos días después de la entrada de las tropas, el 28 de enero de 1939. Fue en la Comissaría de Fronteres i Ports (P.º de Gràcia, 85) y en el Ateneu Fénix, sede de algunos organismos masones (Portal de l'Àngel, 24). El día 29 fue registrado el casal Francesc Macià de ERC, de Gran Via, 647. Los seis equipos se pusieron a trabajar de firme el primero de febrero, que era lunes. De ese día al 7 de junio, se practicaron 1.690 registros, según el libro oficial.
Los locales registrados fueron oficinas de la Generalitat y del Ayuntamiento, de partidos y sindicatos, asociaciones y organismos, incluyendo centros naturistas y teosóficos, así como editoriales, periódicos, librerías, escuelas y domicilios de políticos, intelectuales, empresarios y sindicalistas. En Catalunya fueron registrados unos 140 ayuntamientos. Todo el material requisado y no destruido, distribuido en sacos numerados, con un peso total de 160 toneladas, fue enviado por tren a Salamanca en verano y otoño de 1939. La documentación sirvió para hacer tres millones de fichas políticas y 190.000 masónicas.
El servicio se relacionó especialmente con el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (Termc), creado de acuerdo a un dictamen del catedrático de Penal Sánchez Tejerina, que considera la masonería un delito “porque la actividad meramente masónica va contra la substancia de nuestra Patria”. El primer tribunal del Termc fue presidido por Ulibarri.
El número de expedientes remitidos al Termc desde el archivo de Salamanca por motivos políticos o de masonería se desconoce. Cruanyes explica que, en 1951, el tribunal pide que se le tramiten quincenalmente 175 expediente de la Sección Político-Social y 25 de la Sección Especial (masonería). A partir de octubre de 1956, el número de expedientes tramitados se duplicó. Como el tribunal actuó hasta febrero de 1964, se puede concluir que, en sus 24 años de existencia, Salamanca pudo tramitar alrededor de unos 200.000 expedientes.
Lección de previsores
El servicio se dedicó también a instruir informes sobre antecedentes sociales y masónicos para los tribunales de depuración. Así, en marzo de 1940 Salamanca ya había tramitado 20.723 expedientes. Ésta es la razón por la cual hubo un intento, en 1946, de quemar el archivo por parte de personas que habrían pertenecido a la masonería. Muchos organismos recabaron información de Salamanca para proceder a depuraciones, especialmente el Servicio de Información y Policía Militar (SIPM) del coronel Ungría, la Auditoría de Guerra, gobernadores civiles y la Falange. Cruanyes cita los casos, entre los 1.196 maestros catalanes depurados, de Rosa Sensat, Angeleta Ferrer, Carme Serrallonga, Santiago Sobrequés, Ramon Aramon i Serra, profesores de la UAB como Serra Húnter, Jordi Rubió, Joaquim Trías i Pujol, Pompeu Fabra o August Pi i Sunyer. También cita a Pere Fàbregas, Jordi Maragall e incluso a Pere Gual Villalbí, que sería después ministro.
De hecho, el servicio duró hasta los últimos años del franquismo. Cuando murió Franco, el servicio del Archivo de Salamanca perdió su función, aunque la delegación no fue disuelta hasta octubre de 1977. En enero de 1977, su director, Pedro Ruiz Ulibarri, que “heredó nepóticamente” el cargo de su tío Marcelino de Ulibarri cuando éste murió en 1944, elevó un informe sobre la necesidad de proteger el archivo de las apetencias catalanas, pues “en fechas recientes se ha apuntado la obligación que toda la documentación y bibliografía que haga referencia a Cataluña sea remitida a la Generalitat”. Toda una lección de previsión, pues en enero de 1977 la Generalitat no había sido reinstaurada. El blindaje del archivo propuesto por Ulibarri, que se jubiló en 1985, surtió efecto.
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